A finales de este pasado mes de noviembre el pleno del Parlamento Europeo aprobó la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que será de aplicación en el periodo 2014- 2020.
La creciente globalización de los mercados, así como la actual situación económica marcada por una preocupante crisis han sido aspectos tenidos en cuenta para la reforma de esta Política.
Una de las principales novedades de esta reforma ha sido la llamada “Tasa Plana”, que modifica el actual sistema de ayudas de la PAC.
Esta tasa contempla ayudas por hectárea a nivel nacional y regional, optando por la desaparición de los tradicionales derechos históricos.
Esta modificación ha sido muy discutida y cuestionada a nivel estatal.
Por su parte Castilla y León se muestra partidaria de la aplicación de un modelo nacional, “siempre que garantice las singularidades y sectores productivos de la Comunidad y que mantenga la viabilidad de todos los cultivos y sectores ganaderos y no se produzcan trasvases ni entre territorios ni entre sectores.”
Otro de los aspectos que hasta ahora ha suscitado mayor debate ha sido la definición de los beneficiarios de esos pagos directos. Son dos los nuevos requisitos de acceso a las ayudas que la Comisión Europea ha propuesto para esta nueva etapa: tener la consideración de “agricultor activo” y llevar a cabo una “actividad agraria significativa”.
Con la objetivo de fijar la posición de Castilla y León sobre esos dos conceptos, el pasado 18 de noviembre la Consejería de Agricultura, las organizaciones agrarias y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias (Urcacyl) han firmado un acuerdo que elevarán al Grupo de Alto Nivel creado para pactar un significado común para todo el territorio nacional.
La postura de esta Comunidad Autónoma es clara: se considerará “agricultor activo” “aquel que asuma un riesgo empresarial por su trabajo agrario y que cumpla con todas las condiciones legales, tanto las de naturaleza jurídica como los de Seguridad Social”.
En este acuerdo también se ha defendido la necesidad de concretar lo que se entiende por “actividad agraria significativa”.
Será suficiente introducir en las tierras de cultivo la rotación de cultivos, una característica que permite la práctica de la “agricultura real” y evitará una declaración reiterada de la misma parcela que no sea cultivada o que esté en abandono.
Castilla y León opta por el establecimiento de una lista negativa en la que figuren aquellos sujetos que no podrán ser beneficiarios de los pagos o que no reúnan ciertas condiciones exigidas para optar a ellos.
Esta nueva reforma introduce cambios significativos en lo referente al régimen de pagos directos. Estos pagos están compuestos, además de por el pago básico, por un pago para jóvenes agricultores, un pago ecológico y otros dos pagos voluntarios que son, el pago para zonas con limitaciones naturales y el pago para sectores prioritarios.
La preocupación por el creciente envejecimiento del sector agrícola y ganadero, así como que en la actualidad tan solo el 6% de los agricultores tiene menos de 35 años, ha llevado a la Comisión Europea a crear una serie de medidas que fomenten la incorporación de los jóvenes a este sector.
Se apuesta por la introducción de un nuevo sistema de pagos, que podrá contar con hasta el 2% del límite máximo anual de cada Estado miembro. Se trata de un apoyo específico para los jóvenes agricultores, menores de 40 años, al comienzo de sus actividades agrarias. Será concedido por agricultor y con carácter anual durante un máximo de 5 años.
Por su parte, Castilla y León se muestra conforme con este medida, ya que tanto en esta comunidad, como en el resto del país, la tasa de envejecimiento de agricultores y ganaderos es alarmante. Esta comunidad apuesta por la aplicación de medidas que permitan invertir esta tendencia y que favorezcan la incorporación de nuevo capital humano al sector.
La protección del medio ambiente y la biodiversidad es otro de los objetivos principales de la PAC 2014-2020 para esta nueva etapa. Para ello se ha creado lo que se conoce como “pago ecológico” o “greening”, novedad que también ha dado que hablar.
Este tipo de pago, que será del 30% de los subsidios, estará condicionado al cumplimiento de ciertas prácticas con beneficio medioambiental.
Este tipo de pago se concedería por hectárea y beneficiaría a aquellos agricultores que tengan derecho al pago básico y que utilicen alguna de las siguientes tres prácticas agrícolas:
- Diversificación de cultivos (donde al menos 3 hectáreas del agricultor se dediquen a tres cultivos diferentes de modo que ninguno de éstos cubra menos del 5%, y el principal no supere el 70% del total de las tierras cultivables que posea el agricultor).
- El mantenimiento de pastos permanentes.
- Dejar al menos el 7% de las tierras del agricultor como superficie de interés ecológico. A este pago verde se destinará el 30% del presupuesto anual nacional o regional.
Castilla y León defiende la necesidad de flexibilización de aplicación de estas medidas; que los condicionantes medioambientales que se establezcan sean de fácil aplicación y cumplimiento, que esas medidas no conlleven cargas adicionales para los agricultores, y que a su vez puedan ser establecidas prácticas agroambientales equivalentes.
En esta reforma se ha incluído también el denominado “pago para zonas con limitaciones naturales”. Se trata de un pago de carácter voluntario, que podrá ser concedido a aquellos agricultores con derecho al pago básico y cuyas explotaciones estén total o parcialmente situadas en zonas con limitaciones naturales.
Castilla y León defiende la idea de que España haga uso de este pago voluntario, utilizando el límite máximo del 5% correspondiente a cada Estado miembro.
Tanto la fuerte globalización como la actual situación de crisis hacen necesarias una serie de medidas que intervengan en la regularización de los mercados. En este aspecto las nuevas medidas de gestión de mercado que plantea la Comisión Europea han sido criticadas y consideradas como insuficientes.
La opinión de Castilla y León es clara en este aspecto: se defiende la necesidad de avanzar en la búsqueda de nuevos mecanismos que den respuesta a las impredecibles situaciones que se producen en la evolución de los precios y la disponibilidad de las materias primas. Consideran imprescindible conjugar el margen de maniobra de la nueva propuesta sobre la Organización Común de Mercados con las diferentes iniciativas legislativas de carácter nacional.
Con respecto al Desarrollo Rural la nueva PAC mantiene el establecimiento de Programas de Desarrollo Rural (PDR) de carácter plurianual.
Desaparecen los ejes temáticos de la programación actual y se mantienen, básicamente, las medidas existentes.
Como novedad destacada, los Estados miembros tendrán la posibilidad de establecer subprogramas con porcentajes de ayuda superiores para cubrir las necesidades de los jóvenes agricultores, las pequeñas explotaciones, las zonas de montaña y las cadenas de distribución cortas (una medida, esta última, que puede ser muy interesante para algunos sectores y en algunas zonas de nuestra geografía).
Se sigue confiando en el enfoque LEADER, que deberá suponer al menos el 5% de los fondos comunitarios de cada Programa de Desarrollo Rural, y se potencia la cooperación, ampliando sus tipos y sus potenciales beneficiarios.
Castilla y León apuesta por la inclusión en el nuevo PDR como medidas prioritarias, las relacionadas con políticas estructurales, como pueden ser las dirigidas a la modernización de las explotaciones, a la investigación aplicada, al apoyo a las prácticas agroambientales o las dirigidas a la inclusión del relevo generacional.
“La nueva PAC estará mejor equilibrada entre agricultores, regiones y estados miembro, con una atención especial en los jóvenes agricultores. Promoverá un sector agrícola competitivo en Europa, mejorando el papel de las organizaciones de agricultores, la innovación y las inversiones. Además, dirigirá mejor las ayudas a los agricultores, implementando acciones concretas para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y para aumentar la calidad del agua y del suelo”- Dacian Ciolos, comisario europeo de Agricultura.
Belén Benéitez
